Ayer se dio una ponencia sobre este decreto en el Concejo Municipal de Independencia

Realizada Ponencia sobre la Ley de Costo a  Consejos Comunales e Industriales de los Valles del Tuy


Los comerciantes e industriales de Santa Teresa del Tuy, quedaron con dudas acerca esta nueva ley, consideran que este instrumento jurídico tiene muchos vacíos

Los comerciantes e industriales del municipio Independencia no quedaron muy convencidos en una ponencia sobre la recién aprobada Ley de Costos y Precios Justos realizada en la sede del Concejo Municipal de Independencia la mañana de ayer.

 

La charla fue dada por el diputado de la Asamblea Nacional Carlos Ezechuria, quien a groso modo dio a conocer al pueblo tereseño el alcance y el ámbito de aplicación de la ley.

El exponente indicó que el objetivo de este instrumento jurídico, el cual contiene 88 artículos es establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control, necesarios para mantener la estabilidad de precios. Además de propiciar el acceso a los bienes y servicios.

“Si no hay un control y seguimiento efectivo no se puede aplicar esta ley; el capital ahora es el bienestar para el pueblo. Los empresarios hacían los que le daba la gana y es por eso que están bravos con esta ley”, acotó.

Igualmente precisó que el ser humano está por encima del capital y merece vivir una vida con calidad. “Otro de los principios de este instrumento se orienta al desarrollo socioeconómico y endógeno; a través de un equipo de trabajo se van a establecer los precios en la Superintendencia Nacional de Costos y Precios”, destacó.

Los comerciantes e Industriales de Santa Teresa del Tuy, todavía quedaron con dudas acerca esta nueva ley, consideran que aun tiene muchos vacíos, así lo expresó Guillermo Suárez, presidente de la Cámara de Comerciantes e Industriales de Independencia.

A la sesión especial asistieron consejos comunales, la contralora municipal, el sector comercio, entre otros.

 

Registro
Este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley, establece también la obligatoriedad que todas las personas que ofrezcan un bien o un servicio, deben estar inscriptas en el Registro Nacional de Precios de Bienes y Servicios, el cual empezó a funcionar a partir de ayer, mediante su plataforma tecnológica.

Igualmente en su artículo 21, contempla la modificación de precios, siempre y cuando el interesado manifieste su desacuerdo, con pruebas en mano.

 

Sanciones
Quien aumente el precio de un bien o servicio sin la autorización de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios será sancionado con una multa de quince a treinta salarios mínimos urbanos, más el 100% del monto total de productos comercializados o servicios prestados, según lo indicado en el presente decreto.

Mientras que por especular la sanción es la ocupación temporal del almacén, depósito o establecimiento, hasta por noventa días, más una multa de diez a cincuenta salarios mínimos.

“La idea es eliminar la especulación, la Ley de Costos y Precios Justos se creó para la defensa de la población y también de las personas que ofrezcan un bien o un servicio”, apuntó el diputado.

 

Deben comenzar por el sector industrial
Guillermo Suárez, representante de los comerciantes e industriales en el municipio Independencia indicó que para las discusiones de esta nueva ley se debió comenzar por el aparato productivo. “Primeramente hay que hacer un análisis de lo que se fabrica y de lo que se ofrece al mercado, este es un proceso muy complejo, esta ley tiene muchos vacíos, se tuvo que abarcar primero al sector productivo, al distribuidor y luego al consumidor”, destacó.

Agregó que como primer paso va a solicitar a los entes competentes una exposición detallada de esta ley, para que los industriales estén bien informados, con la finalidad de efectuar el análisis de costos y los márgenes de ganancia.

“Si como empresario fabrico algo y no le veo ganancia, eso puede ocasionar que deje de producir y que haya desempleo y escasez, es necesario explicar bien el propósito de este instrumento jurídico”, recalcó.